Consejo aprueba una ordenanza que podría penalizar a los propietarios por acoso de “mala fe” a los inquilinos

El Consejo de Long Beach aprobó el martes pasado una nueva ordenanza destinada a proteger a los inquilinos de ser acosados ​​por los propietarios, pero el consejo modificó el lenguaje de la ley para incluir un requisito en algunas secciones que exigía a los propietarios actuar “de mala fe” antes de enfrentar las consecuencias.

Fue un movimiento controvertido que los propietarios dijeron que protegería a los propietarios éticos, pero algo que advirtieron los grupos de inquilinos dificultaría la búsqueda de justicia para los inquilinos.

La nueva ordenanza proporciona una vía legal para los inquilinos que sienten que han sido intimidados o represaliados por los propietarios que hacen cosas como cortar los servicios públicos, no cobrar los cheques de alquiler de manera oportuna o retener las reparaciones como un medio para obligar a los inquilinos a abandonar sus unidades.

La concejala Suzie Price, una de las miembros que originalmente votó en contra de la ordenanza el mes pasado, solicitó previamente agregar el requisito de que los propietarios actuaran “de mala fe”. Ella argumentó que trajo claridad a las reglas. Sin embargo, su sugerencia enfrentó la oposición de los miembros de la comunidad debido al requisito que crearía para los inquilinos de demostrar la motivación de un propietario potencialmente abusivo.

El martes pasado, el consejo llegó a un compromiso al agregar “de mala fe” solo a ciertas secciones de la ordenanza que tratan de los propietarios que no realizan reparaciones oportunas, proporcionan a los inquilinos información falsa por escrito, no procesan los pagos del alquiler y no intentan comunicarse con los inquilinos en el idioma que hablan.

“En muchos de estos, ya tienen elementos de mala fe como requisitos”, dijo el concejal Rex Richardson, quien propuso el compromiso. “No estoy seguro de cómo puede participar en el abuso, la intimidación o las amenazas de buena fe, por lo que ya está implícito”.

El mes pasado, el consejo introdujo la ordenanza en una medida para proporcionar a los inquilinos una nueva herramienta para defenderse contra el acoso de los propietarios después de quejas sobre algunos propietarios que aumentaron los alquileres en cientos de dólares, eliminaron las puertas de seguridad e implementaron otras tácticas para tratar de obligar a los inquilinos a marcharse a pesar de que estaban protegidos legalmente por una moratoria de desalojo instituida durante la pandemia.

La decisión de llevar la ordenanza ante el consejo se produjo en una rara votación del lunes por la mañana antes del día de las elecciones. Varios miembros del consejo votaron en contra, diciendo que había demasiada ambigüedad sobre lo que realmente haría la ordenanza y si se mantendría legalmente.

Los defensores de los inquilinos también han señalado lo que dicen que es otra falla en la ordenanza: la ciudad no haría cumplir ninguna de las disposiciones de la misma. En cambio, los inquilinos tendrían que demandar en un tribunal civil y los propietarios podrían estar en peligro por multas de hasta $5,000 por violación.

Mientras el consejo discutía si agregar o no el requisito de “mala fe”, el fiscal municipal adjunto Rich Anthony dijo que se incluyeron cláusulas similares en las ordenanzas en ciudades como Oakland y West Hollywood. Dijo que podría proteger a los propietarios que actúan de buena fe pero que pueden olvidarse de cobrar un cheque o cometer un error en la forma en que caracterizan la moratoria de desalojo cuando informan a sus inquilinos al respecto.

Cuando se le presionó, admitió que el lenguaje probablemente dificultaría la prueba del acoso del propietario, pero no estaba seguro de cuánto más difícil haría que los inquilinos lo hicieran con el lenguaje agregado.

La adición fue divisiva. Los miembros del público se pusieron del lado de los inquilinos y los defensores de los derechos de los inquilinos que pedían al consejo que rechazara la enmienda, afirmando que socavaría la intención de la nueva ordenanza.

“Todo el lenguaje en esta ordenanza actual es muy claro, y no queremos, como residentes aquí, que se diluya o dificulte que los inquilinos puedan ejercer su derecho cuando tienen que ir a la corte”, dijo Leanna Noble, una inquilina del centro de Long Beach.

Pero los propietarios y representantes de la industria argumentaron que nivelaría el campo de juego.

Fred Sutton, vicepresidente senior de asuntos públicos de la Asociación de Apartamentos de California, dijo que la ordenanza original era problemática y se adoptó sin participación de las partes interesadas. Dijo que omitir el requisito de “mala fe” garantizaría que la ordenanza siguiera siendo defectuosa.

“Agregar esta pequeña cláusula de ‘fe’ asegura que los proveedores de vivienda no sean víctimas de juicios frívolos o tácticas de vivienda depredadoras”, dijo Sutton, caracterizando la enmienda como de “sentido común” y “razonable”.

Debido a que la ordenanza se presentó como una ordenanza de urgencia, entró en vigor inmediatamente después de la votación del consejo el martes pasado por la noche. La ordenanza fue aprobada por unanimidad con sólo dos miembros, el concejal Roberto Uranga y la concejal Mary Zendejas, que se oponen a que se agregue el texto enmendado.

Traducido por Sebastian Echeverry

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Jason Ruiz covers City Hall and politics for the Long Beach Post.
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