People Post es un espacio para artículos de opinión, cartas al editor y presentaciones de invitados de miembros de la comunidad de Long Beach. El siguiente es un artículo de opinión presentado por Gaby Hernandez y Maribel Cruz, residentes indocumentadas y organizadoras con la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Long Beach, y no refleja necesariamente las opiniones del Long Beach Post.
El movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) y los levantamientos recientes han inspirado un análisis más profundo sobre cómo está invirtiendo la ciudad el dinero de nuestros impuestos. Este es un momento crítico para que la ciudad escuche las necesidades de las comunidades, reflexione y tome medidas para desinvertir en la policía e invertir en comunidades negras, indígenas y de color.
Nuestros líderes en esta ciudad tienen que tomar decisiones en los próximos meses sobre cómo ayudar a comunidades como la nuestra a tener esperanza durante estos tiempos difíciles. Una decisión importante que esperamos que tomen este otoño es el financiamiento del Fondo de Justicia de Long Beach como parte del Presupuesto del Pueblo.
Desde 2018, Long Beach ha tomado la delantera como la primera y única ciudad en el condado de Los Ángeles, y una de las pocas ciudades en California, en brindar defensa legal a los inmigrantes que enfrentan la deportación, independientemente de sus ingresos, raza, nacionalidad o historial en el sistema legal penal.
Debido a este programa y al apoyo de la comunidad, hasta abril, 21 residentes de Long Beach en riesgo de deportación han recibido representación legal que ha permitido que sus familias permanezcan juntas y sean liberadas de la detención. Se ha comprobado que los inmigrantes representados tienen 3.5 veces más probabilidades de ser liberados de la detención bajo fianza y hasta diez veces más probabilidades de establecer el derecho a permanecer en los Estados Unidos.
No debemos olvidar que estos “inmigrantes” no son meras estadísticas que vemos en las noticias: somos nosotros, nuestros hermanos, madres, abuelos, maestros y miembros de la comunidad con vidas arraigadas en la ciudad de Long Beach. Somos residentes a largo plazo de Long Beach y, en promedio, hemos vivido en este país por 14 años. Muchos de nosotros somos padres con hijos menores de 18 años y muchos de nosotros somos el único sostén de nuestras familias.
Estamos viviendo una época sin precedentes. Estamos atravesando una pandemia mundial en la que los residentes a largo plazo de Long Beach están bajo la amenaza de una posible detención migratoria. Esta detención puede, en última instancia, convertirse en una sentencia de muerte. Las dificultades que están enfrentando los inmigrantes detenidos son mayores que en ninguna otra época: desde vivir en espacios reducidos hasta la falta de acceso a productos básicos como jabón y artículos de higiene personal.
Esto está sucediendo junto con el arresto sistémico y las constantes transferencias de detenidos realizadas por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., por sus siglas en inglés) a instalaciones en todo el país, lo que ha dificultado mantener bajo control la propagación del coronavirus (y, de hecho, la propagación podría ser mucho peor de lo que informa el ICE).
Long Beach tiene la oportunidad de ser una de las únicas ciudades del país que invierte permanentemente en comunidades de inmigrantes mediante la renovación del Fondo de Justicia. Existe un fuerte apoyo público para programas como estos. En una encuesta reciente realizada por el Instituto Vera, el 92% de las personas encuestadas en el condado de Los Ángeles, incluyendo los residentes de Long Beach, apoyan el financiamiento por parte del gobierno de abogados que ofrezcan servicios a las personas en los tribunales de inmigración.
La propuesta de presupuesto del alcalde García fue un paso en la dirección correcta, pero la lucha para proteger a nuestra comunidad de inmigrantes está lejos de finalizar. Aunque el alcalde ha propuesto que este fondo sea permanente, el Concejo Municipal de Long Beach debe aprobar la propuesta de presupuesto del alcalde García y asignar $400,000 para el Fondo de Justicia de Long Beach para el año fiscal 2021-2022.
Como residentes indocumentados de Long Beach, el fondo de Justicia de Long Beach es más que una partida presupuestaria para nosotros. Nuestro sustento, el de nuestras familias y el de las comunidades con las que trabajamos dependen de ello. Long Beach depende de esto.