Joel Trujillo debe más de $8,000 de renta, no tiene trabajo y se esta quedando sin opciones.
Recientemente tuvo un derrame cerebral y está tomando medicamentos para la diabetes y la presión arterial alta. El estrés de la renta atrasada solo empeora sus síntomas.
El residente del centro de Long Beach, de 51 años, solicitó el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de la ciudad en abril. Pero a medida que se acerca la fecha límite del 30 de septiembre para la moratoria de desalojo estatal y local, aún no ha recibido un solo pago.
“Ya no sé qué hacer”, dijo Trujillo.
Trujillo es solo uno de los muchos inquilinos en California que tienen miles de dólares atrasados en el alquiler y podrían terminar en las calles a partir del 1 de octubre.
“Los inquilinos están extremadamente preocupados de que serán desalojados y se quedarán sin hogar”, dijo Barbara Schultz, directora de justicia de vivienda del grupo Legal Aid Foundation de Los Ángeles. “Muchos inquilinos todavía necesitan las protecciones en el futuro que ya no van a existir”.
Un análisis reciente de la deuda de alquiler de California de Policy Link, una firma de estudios en Oakland, encontró que más de 246,000 casas están atrasadas en el alquiler en el condado de Los Ángeles, y los residentes deben un acumulado de $867,364,000 millones.
Pero parece que la protección contra el desalojo para los inquilinos ya no estará allí ya que la Legislatura de California suspendió la sesión durante el año la semana pasada sin ninguna acción para extender la moratoria. Los funcionarios del condado de Los Ángeles tampoco han implementado una extensión. La ordenanza local en Long Beach solo se extendió hasta fines de julio y desde entonces dependió de otras moratorias locales.
Shultz y muchos otros defensores y asesores de los derechos de los inquilinos que han estado ayudando a los inquilinos desde el comienzo de la pandemia han descrito los desalojos anticipados como un “tsunami” que se avecina en el horizonte.
Agregó que las familias que aún se están recuperando de las dificultades económicas de la pandemia se verán particularmente afectadas por los desalojos.
“Va a ser difícil para los inquilinos hacer valer una defensa sin abogados defensores”, dijo Shultz. “Hay una escasez de abogados defensores a medida que crece la demanda de ayuda para navegar los procesos de desalojo”.
Algunas organizaciones que apoyan a los propietarios tanto a pequeña como a gran escala han disputado esa analogía.
Fred Sutton, vicepresidente de asuntos públicos de la Asociación de Apartamentos de California, dijo que quienes probablemente recibirán avisos de desalojo son inquilinos que no tomaron medidas para solicitar los programas gubernamentales que se proporcionaron durante la pandemia.
“Se escucha mucho de ciertos grupos sobre este ‘tsunami’”, dijo Sutton. “Eso es completamente exagerado”.
Sutton agregó que las protecciones estatales destinadas a mantener a las personas en sus hogares durante la pandemia agregaron más presión a los propietarios que se esperaba que proporcionaran vivienda, pero a medida que la gente se quedaba, los costos de los mantenimientos se han disparado.
“Ha sido increíblemente difícil”, dijo Sutton.
A pesar de los desacuerdos sobre el estado de las viviendas de alquiler, una cosa en la que ambas organizaciones están de acuerdo es que los inquilinos y propietarios deben solicitar los programas de asistencia para el alquiler antes de la fecha límite del 30 de septiembre.
En Long Beach, la ventana para postularse permanecerá abierta después del 30 de septiembre.
Shultz dijo que un inquilino que se enfrenta a un aviso de retención ilegal para desalojar una unidad puede usar una solicitud de asistencia de alquiler pendiente o aprobada como defensa para evitar el desalojo. Sutton dijo que la comunicación a los propietarios desde el comienzo de la pandemia siempre fue trabajar junto con sus inquilinos para solicitar asistencia para el alquiler.
“No hay ninguna razón por la que alguien deba enfrentar un desalojo si solicita asistencia”, dijo Sutton.
Sin embargo, tanto los consultores de propietarios como los defensores de los derechos de los inquilinos han calificado el proceso de confuso y la velocidad a la que se ha distribuido el dinero ha sido laboriosamente lenta.
Asistencia de renta
Según el análisis de Policy Link, el Departamento del Tesoro asignó más de $2.6 mil millones a California para asistencia de alquiler de emergencia. Hasta ahora, solo se ha distribuido el 22% de los fondos, alrededor de $587,194,000.
Una auditoría estatal reciente también encontró que California corre el riesgo de perder millones de dólares destinados a mantener a los inquilinos en sus hogares. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado está obligado a distribuir alrededor de $1.4 mil millones, o el 81% de su primera ronda de financiamiento federal, según la auditoría. Si no envía más dinero a los inquilinos antes de fin de mes, el departamento “puede perder hasta $337 millones de sus fondos restantes no comprometidos”, según el informe.
A nivel local, Long Beach ha recibido 8,767 solicitudes con diversos grados de finalización, que pueden incluir solicitudes duplicadas del mismo hogar para su Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia, dijo el portavoz de Servicios de Desarrollo, Richard de la Torre. De las solicitudes recibidas, 2,394 han sido aprobadas y 6,135 aún están en proceso de revisión.
La ciudad había recibido un total de $64 millones para el programa. A mediados de septiembre, se habían distribuido $17.5 millones, dijo De la Torre.
Los funcionarios de la ciudad no dieron una respuesta clara sobre por qué la distribución de fondos ha sido lenta para algunos.
La Oficina de Servicios de Vivienda y Vecindarios del Departamento de Servicios de Desarrollo de la ciudad ha brindado ayuda en persona y ha contratado a organizaciones sin fines de lucro para ayudar a todos los que solicitaron el programa de asistencia de alquiler. Según los funcionarios de la ciudad, Long Beach ha pagado, o está en proceso de pagar, más del 65% de los fondos asignados para programas estatales y federales.
“Long Beach está por encima del promedio entre las jurisdicciones de California, incluido el estado, para la distribución de fondos, según el Tesoro de los Estados Unidos”, según un comunicado de la ciudad.
Long Beach contrató a Yardi Systems, Inc., para ayudar a procesar la cantidad de aplicaciones de asistencia de alquiler de emergencia. Un total de 24 empleados de Yardi Systems, compuestos por ocho agentes del centro de llamadas, 14 auditores de casos que procesan solicitudes y dos supervisores de casos, están trabajando con inquilinos y propietarios para procesar sus solicitudes.
Junto con la lenta dispersión de fondos, los defensores dijeron que el proceso para completar las solicitudes de asistencia para el alquiler es un desafío para los inquilinos con barreras idiomáticas y aquellos que no son expertos en tecnología.
Hilda Gaytan, presidenta de la Asociación Puente Latino en North Long Beach, fue contratada por la ciudad a principios de este año para organizar talleres virtuales en las redes sociales para enseñar a los inquilinos cómo solicitar el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia de la ciudad. Ella les ayudó a encontrar enlaces para descargar los documentos requeridos para postularse y les proporcionó documentación para que las personas certifiquen sus ingresos, lo cual es necesario para postularse al programa.
Dijo que aproximadamente el 60% de las personas que acudieron a ella en busca de ayuda vivían en el código postal 90813 de la ciudad en Central Long Beach, que tiene una población de inquilinos densamente poblada.
Dijo que las personas que más lucharon para comprender el proceso de solicitud eran las madres solteras o los padres que trabajaban en la industria de servicios, como limpiar hogares u ofrecer sus servicios fuera de las ferreterías.
Un ejemplo que dio fue que muchos de ellos no proporcionan ingresos en su solicitud porque, dado que no se les paga en un flujo constante de cheques de pago, creen que no tienen que informar el dinero que ganan.
“Si te pagan $20, ese es tu ingreso”, explicó Gaytan. Dijo que podría tomar hasta tres o cuatro horas repartidas en varios días para que alguien recopile toda la documentación necesaria para la solicitud. Las barreras que generalmente no son cuestionadas, como el acceso a un correo electrónico, retrasan el proceso para las familias que viven de sueldo a sueldo y no están al tanto de la ayuda que se les ofrece, según Gaytan.
Dina Berg, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Heart of Ida, también fue contratada por la ciudad para ayudar a las personas mayores de edad a solicitar el alivio del alquiler, pero ese contrato terminó en julio. Dijo que los trabajadores que procesan las solicitudes a menudo solicitan más papeleo o dicen que los documentos proporcionados no son suficientes. Esto se convierte en un desafío para las personas a las que ayudó su organización sin fines de lucro, que ahora tienen que volver con ella para resolver el papeleo que falta.
“Entonces, está hecho, pero en realidad no lo está”, dijo Berg. “Todavía necesitan ayuda”.
Son esos desafíos los que, según Shultz, han provocado que algunos inquilinos simplemente empaquen sus cosas y se muden cuando se enfrentan a un aviso del propietario o una orden judicial.
“Quiero instar a los inquilinos a hacer tres cosas: solicitar asistencia para el alquiler si no puede pagar el alquiler y presentar la solicitud antes del 1 de octubre, e incluso entonces, presentar la solicitud si puede”, dijo Shultz. “Dos, si recibe el papeleo de desalojo, debe responder. Desafortunadamente, muchas personas, debido a que escucharon que existía esta llamada moratoria, recibieron avisos de desalojo y no respondieron y luego fueron bloqueados. Y tres, si recibe algún tipo de notificación por escrito o desalojo, visite stayhousedLA.org”.
Para crear un inicio de sesión y solicitar asistencia de alquiler en Long Beach, haga clic aquí. Puede encontrar información sobre el programa de asistencia de alquiler de emergencia Housing is Key del condado de Los Ángeles aquí.