Kirk Davis, cofundador del grupo de vecinos de la Asociación Latino de Puente, estaba caminando en su vecindario por la noche el miércoles cuando notó letreros colocados en una cerca de alambre que corría a lo largo de un tramo de la Autopista 91.
En el paso elevado en la calle 67 desde Atlantic Avenue hasta Cherry Avenue, había letreros del departamento de Obras Públicas de Long Beach que les decían a los residentes que trabajadores iban a perforarían el suelo la próxima semana en preparación de un próximo proyecto de ampliación de la autopista. Cualquier automóvil en el camino sería remolcado.
Pero Davis encontró lo que pensó que era un problema evidente: los letreros estaban solo en inglés, lo que, en su opinión, excluía a la gran cantidad de residentes de habla hispana que vivían en su vecindario de North Long Beach.
Aproximadamente el 18% de la población de Long Beach informó que habla inglés “menos que muy bien”, según una evaluación de salud comunitaria de 2019 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad. En el código postal 90805 en el norte de Long Beach, aproximadamente el 25% de la población tiene problemas para hablar inglés.
Davis argumenta que la falta de letreros colocados en los idiomas que los residentes entienden mejor es una violación de la póliza de acceso al idioma de la ciudad, un conjunto de pautas que la ciudad adoptó en 2013 para mejorar la comunicación con la población diversa de la ciudad.
“Hay demasiados casos en los que la ciudad no sigue sus propias políticas”, dijo Davis en inglés.
Jennifer Carey, portavoz del Departamento de Obras Públicas, dijo que el departamento estaba trabajando para traducir los letreros y documentos que publica en la comunidad, pero debido a la abrumadora cantidad de materiales que deben traducirse como parte de la póliza, el proceso es aún en curso.
“Hemos priorizado los colgadores de puertas de proyectos / construcción y los mensajes del programa COVID-19 para comenzar, y ahora estoy trabajando oficina por oficina para actualizar todos sus materiales y eliminar las versiones antiguas”, escribió Carey en inglés en un correo electrónico.
Esta no es la primera vez que Davis cuestiona la falta de avisos públicos traducidos.
A principios de marzo, Davis, junto con los grupos de activistas ambientales de Long Beach, enviaron una carta a CalTrans diciendo que estaban preocupados porque los esfuerzos para informar a la comunidad sobre una propuesta de expansión de la autopista no estaba recolectando adecuadamente los comentarios de los hispanohablantes porque CalTrans no les estaba brindando información sobre los impactos ambientales del proyecto en español.
“La guía federal sobre [la Ley Nacional de Protección Ambiental] enfatiza la importancia de traducir los documentos de revisión ambiental si la comunidad afectada por el proyecto habla un idioma que no sea el inglés”, decía la carta en inglés..
Desde entonces, CalTrans extendió la fecha de la audiencia pública para recopilar comentarios de los residentes en inglés y español.
Davis dijo que hay varios vecinos en el área a los que les gustaría saber más sobre el proyecto, pero no ven información sobre él en su idioma nativo.
En la carta, los activistas dicen que la construcción alrededor del proyecto de expansión de la autopista 91 creará peligros ambientales que los miembros de la comunidad merecen ser conscientes.
No está claro qué tan pronto sucederá eso, o qué tan pronto Long Beach tendrá todos sus avisos traducidos.
Long Beach adoptó su póliza de acceso al idioma en 2013 para incluir más idiomas como el jemer y el tagalo. La traducción de documentos y notas de la ciudad no solo requiere mucho tiempo, sino que también es costosa. La traducción de reuniones y audiencias públicas cuesta alrededor de $109,125.
“Obras Públicas tiene muchos letreros que dan al público, por lo que es difícil decir cuál es más importante que el otro”, escribió Carey. “Solo queremos asegurarnos de que este esfuerzo de traducción se realice de la manera más rápida y precisa posible”.