Long Beach agrega requisitos para unidades asequibles en futuros proyectos de vivienda

Long Beach ahora tiene una política de vivienda inclusiva que se extenderá a toda la ciudad después de que el Ayuntamiento aprobó por unanimidad el programa, que requerirá que los desarrolladores reserven un porcentaje de nuevas unidades para hogares de bajos ingresos.

Los nuevos proyectos de construcción residencial iniciados después de enero de 2021 ahora deberán reservar algunas unidades para inquilinos de bajos ingresos.

Eventualmente, esos requisitos de reserva alcanzarán el 11% del total de unidades de alquiler de un proyecto. Esas unidades tendrían que reservarse para hogares de muy bajos ingresos, que es de aproximadamente $56,000 para una familia de cuatro. Para las unidades de propiedad, se requeriría que el 10% de las unidades se reservarán para hogares de ingresos moderados, que generan alrededor de $92,000 por año para una familia de cuatro. Los desarrollos menores de 10 unidades estarían exentos.

Si bien la política sería automáticamente obligatoria en el corredor Downtown y Midtown, que sigue el corredor Long Beach Boulevard hacia el norte hasta Wardlow Road, el resto de la ciudad solo tendría la política activada por cualquier desarrollo que requiera una revisión del plan del sitio.

A screenshot of the two areas the city was broken up into in the inclusionary housing policy. Downtown and Midtown (red and orange) would have mandatory requirements automatically built into projects.

Los convenios para esos proyectos durarían 55 años y el programa se introduciría gradualmente durante un período de tres años con los montos finales de reserva del 11% y el 10% alcanzados en 2023. La propuesta original requería una fase de cuatro años.

Muchas de esas enmiendas fueron propuestas por la concejal Jeannine Pearce, cuyo distrito incluye el centro de Long Beach. Esa área se estableció como una de las áreas más afectadas de la ciudad según la propuesta recomendada, lo que habría vinculado la política inclusiva con el área del Downtown y el Midtown.

Pearce solicitó que todo el 11% de las unidades de alquiler se reservara para hogares de muy bajos ingresos, lo que fue una desviación de la política recomendada que habría dividido el 12% de las unidades de alquiler reservadas entre hogares moderados (6%) y hogares de bajos ingresos (3%) y de muy bajos ingresos (3%).

“Tenemos una crisis de personas sin hogar que ya está aquí y está a punto de empeorar”, dijo Pearce. “Sabemos que tenemos una gran necesidad de esta población y que debe haber recursos adicionales para esto.”

Pearce presionó para que el pacto durara 55 años en lugar de los 45 años recomendados. También pidió que la tarifa que los desarrolladores pueden pagar para evitar reservar las unidades de bajo costo para que sean iguales al costo de producción de la unidad. Esa tarifa se depositaría en una cuenta de la ciudad que se destinará a la construcción de unidades asequibles en otros lugares.

“Nuestro objetivo es construir la vivienda e incluirla en los proyectos que se presenten”, dijo Christopher Koontz, director adjunto de Servicios de Desarrollo de Long Beach. “Ese es el objetivo”.

Koontz había rechazado la solicitud de eliminar o acortar el enfoque gradual debido a la conmoción que podría introducir en el mercado inmobiliario. Dijo que la política propuesta logró un equilibrio entre las necesidades de vivienda expresadas por la comunidad y las fuerzas del mercado. Si bien la línea de tiempo se redujo en un año, Koontz advirtió que eliminar el despliegue lento por completo podría tener un impacto negativo en el objetivo del consejo de crear más unidades, asequibles o de otro tipo.

Los defensores de la vivienda que habían presionado por una política que entró en vigencia más rápido y dirigida a los más necesitados vieron en gran medida el voto como una victoria, pero fueron cautelosamente optimistas sobre cómo se aplicaría la política en toda la ciudad.

“Estamos encantados de que después de décadas de luchar por una política de vivienda inclusiva en Long Beach, finalmente se haya convertido en una realidad”, dijo Susanne Browne, abogada principal de la Fundación Legal Aid de Los Ángeles, miembro de una coalición de derechos de vivienda. “Estamos muy contentos de que la política apunte a todas las unidades de alquiler asequibles para familias de muy bajos ingresos, ya que estos son nuestros residentes más necesitados. Con el impacto desproporcionado de COVID en nuestros inquilinos Negros, esto es particularmente importante en este momento”.

La forma en que se aplicará la política a las partes de la ciudad que no están en el Downtown o en el Midtown podría depender de los bonos de densidad y cómo la ciudad aplica esos incentivos a futuros proyectos de vivienda. Los defensores están interesados ​​en los detalles de cómo se aplicará la política al área mucho más grande una vez que se resuelva un poco más.

Traducido por Stephanie Rivera

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Jason Ruiz covers City Hall and politics for the Long Beach Post.
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