Long Beach da aprobación preliminar a póliza que exige viviendas más asequibles

    Long Beach finalmente tiene una política de vivienda inclusiva después de que el Concejo Municipal votó por unanimidad para aprobar dos ordenanzas el martes por la noche que requerirán que constructores incluyan unidades asequibles en desarrollos futuros o que paguen tarifas en una cuenta que financiará unidades de bajo costo.

    La votación se produce después de años de discusión sobre cómo instituir una política de vivienda inclusiva en la ciudad. A la espera de la aprobación final de las nuevas reglas, la ciudad eventualmente requerirá que desarrolladores reserven el 11% de las unidades en un desarrollo de alquiler para viviendas asequibles y el 10% de las unidades en cualquier desarrollo residencial donde se vendan las casas.

    El plan de vivienda inclusiva solo se aplicará a desarrollos de más de nueve unidades en ciertas partes de la ciudad, incluido el centro y el corredor de Long Beach Boulevard que se extiende hacia el norte desde el centro hasta la autopista 405.

    Como se adoptó el martes por la noche, los desarrolladores podrían construir unidades asequibles de reemplazo dentro de las dos millas de su proyecto principal, u optar por pagar tarifas en lugar que se depositarían en un fondo que la ciudad podría usar para construir unidades asequibles. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos meses después de las objeciones de algunos defensores del derecho a la vivienda.

    Criticaron lo que vieron como una falla en la política, específicamente su enfoque gradual que requiere un porcentaje menor de unidades asequibles para cualquier plan de desarrollo presentado antes de 2023.

    También se opusieron a los términos que permiten que las unidades pierdan su estado asequible después de 55 años y una fecha de vencimiento de 2025 para una regla que requiere que los desarrolladores proporcionen reemplazos uno a uno para cualquier unidad de bajos ingresos que demuelen. Esto se conoce como una política de “no pérdida neta”.

    En respuesta, la concejal Mary Zendejas pidió que el personal de la ciudad informara dentro de los próximos cuatro meses con un análisis sobre la obligación de que las unidades asequibles sigan siendo asequibles durante la vida útil del proyecto, que se elimine la extinción de la política de pérdida neta y que las unidades asequibles tener el mandato de incorporarse al proyecto principal en sí.

    Zendejas también solicitó que las tarifas en lugar pagadas por los desarrolladores se utilicen en su totalidad para financiar viviendas de muy bajos ingresos, que esas tarifas estén vinculadas al costo de producción en el momento en que se pagan y con el requisito de que esos fondos se utilicen para construir nuevas unidades, no rehabilitar unidades asequibles existentes.

    “Entiendo lo importante que es este paso para nuestra ciudad”, dijo Zendejas, quien representa al centro de Long Beach.

    Las ordenanzas y las propuestas de Zendejas recibieron el apoyo unánime del consejo en pleno, que caracterizó la política como un paso necesario para garantizar que los residentes de Long Beach puedan permanecer en la ciudad en medio del aumento de los costos de la vivienda.

    “Esta no es una curita o una solución temporal, sino un gran paso adelante para hacer de nuestra ciudad un lugar más equitativo e inclusivo para vivir”, dijo la concejal Cindy Allen.

    El consejo también adoptó un programa de tarifas en lugar de otro que establece las cantidades que los desarrolladores podrían pagar en lugar de incluir unidades asequibles en sus diseños. Al igual que la política de inclusión en sí, el programa de tarifas también se implementa gradualmente y las sanciones más grandes no se imponen a los desarrolladores hasta 2023 y más allá.

    En ese momento, un desarrollador tendría que pagar $47.50 por pie cuadrado por unidades de alquiler o $390,400 por unidad, si renuncian a incluir viviendas asequibles. Para las unidades de propiedad no construidas, tendrían que pagar $36.40 por pie cuadrado o $430,000 por unidad.

    Sin embargo, ese cálculo podría cambiar con la moción de Zendejas de vincular potencialmente las tarifas al costo real de construcción en el momento en que se pagan, así como al costo real de la tierra.

    En una votación separada el martes, el consejo también actualizó las tarifas en lugar de la Ley Mello de la ciudad, algo que no había hecho desde que adoptó una versión local de la ley estatal en 1988. La Ley Mello rige la eliminación de viviendas asequibles en la zona costera.

    Las tarifas adoptadas por la votación del consejo el martes establecen el precio que los desarrolladores tendrían que pagar si eliminan las unidades asequibles según la cantidad de dormitorios y el nivel de ingresos designado de las unidades retiradas.

    Según la nueva tabla de tarifas, una unidad de estudio de ingresos moderados costaría $127,000 para que los desarrolladores no la reemplacen, mientras que una unidad de tres dormitorios para ingresos muy bajos costaría $404,000.

    “Estos son enormes aumentos del status quo”, dijo Christopher Koontz, subdirector del departamento de servicios de desarrollo de la ciudad. “Para mantener el incentivo de no demoler, estas tarifas deben ser tan altas como esté legalmente justificado”.

    Traducido por Sebastian Echeverry

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