Los californianos que no han pagado la renta desde el 1 de marzo debido al coronavirus pueden permanecer en sus hogares al menos hasta el 31 de enero según una nueva ley estatal que el gobernador Gavin Newsom firmó el lunes por la noche, un día antes de que expiren las protecciones estatales contra el desalojo.
La pandemia ha devastado la economía de California, provocando que millones de personas perdieran sus trabajos cuando el gobierno ordenó el cierre de empresas durante meses para disminuyir el contagio de la enfermedad. En abril, el Concejo Judicial de California, el cual es la autoridad normativa para el sistema judicial del estado, detuvo la mayoría de los procedimientos de desalojo y ejecución hipotecaria durante la pandemia.
Pero esas protecciones terminaron el miércoles, lo que significa que los propietarios podrían reanudar los procedimientos de desalojo de los inquilinos que no hayan pagado la renta. El lunes, el último día de la sesión legislativa, los legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley que prohibiría los desalojos para los inquilinos que no pagaron la renta entre el 1 de marzo y el 31 de agosto debido a la pandemia. El proyecto de ley también prohibiría los desalojos para esos mismos inquilinos hasta el 31 de enero, pero solo si los inquilinos pagan al menos el 25% de la renta adeudada durante ese tiempo.
Newsom firmó el proyecto de ley aproximadamente una hora después de que los legisladores lo aprobaran. En un comunicado de prensa en inglés, Newsom calificó la ley como “un puente hacia una solución más permanente” del gobierno federal.
“Necesitamos un compromiso federal real de nuevos fondos significativos para ayudar a los inquilinos y propietarios de viviendas con dificultades en California y en todo el país”, dijo Newsom en inglés.
La legislación no perdona los pagos atrasados. Los inquilinos aún deberán el dinero. Los propietarios pueden pedirle a un juez que ordene al inquilino que lo devuelva, pero no pueden pedirle al juez un desalojo únicamente por no pagar la renta en su totalidad.
Los inquilinos tendrán que firmar un documento, bajo pena de perjurio, que dice que han experimentado dificultades financieras directamente relacionadas con COVID-19. Los inquilinos de altos ingresos, definidos como los que ganan un salario de al menos $100,000 o el 130% del ingreso medio del área, lo que sea más alto, tendrían que demostrar que no pueden pagar.
El proyecto de ley no detiene las ejecuciones hipotecarias para los propietarios que tienen inquilinos que han dejado de pagar la renta, pero extiende algunas protecciones estatales a las propiedades de cuatro unidades o menos, protecciones que antes solo estaban disponibles para las viviendas ocupadas por los propietarios.
“Frecuentemente se dice que una señal de un arreglo es que los dos lados están insatisfechos, y eso ciertamente es lo que está pasando aquí”, el asambleísta David Chiu, un demócrata de San Francisco y autor del proyecto de ley, dijo en inglés. “Este proyecto de ley es una solución imperfecta y necesaria para una enorme crisis”.
Patricia Mendoza vive en Imperial Beach con sus dos hijos. Dijo que perdió su trabajo en abril y ha tenido problemas para pagar la renta desde entonces. Su asma la pone en mayor riesgo de contagiarse el coronavirus, lo que le dificulta encontrar un trabajo. Dijo que no cree que pueda pagar el 25% de su renta mensual de $1,500 durante los próximos cinco meses para calificar para la protección contra el desalojo.
“Esto no es mi culpa. Soy una madre trabajadora. Nunca he pedido ayuda ”, Mendoza dijo en inglés, quien ha estado abogando por protecciones contra el desalojo como parte de la Acción de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento de la Comunidad. “Nunca me consideré pobre. No somos ricos. Soy una madre trabajadora, no somos pobres. Ahora me veo a mí mismo como: somos pobres”.
Ron Kingston, un cabildero que representa a varios grupos de propietarios, dijo que el proyecto de ley es defectuoso porque no requiere que la mayoría de los inquilinos verifiquen que han sufrido dificultades financieras debido al coronavirus. Dijo que la pandemia también ha sido dura para los propietarios, muchos de los cuales podrían pasar más de un año sin recibir ningún pago de renta.
“Eso crea una situación realmente difícil”, dijo en inglés.
Chiu dijo que el proyecto de ley es lo mejor que pueden hacer los legisladores al reunir los dos tercios de los votos necesarios para que el proyecto de ley entre en vigor inmediatamente después de la firma del gobernador. Se ha comprometido a trabajar en el tema nuevamente cuando los legisladores regresen a trabajar en enero.
El senador republicano Andreas Borgeas de Fresno, quien votó a favor del proyecto de ley, dijo que cuando los legisladores regresen el próximo año, deberían considerar aprobar un crédito fiscal para los propietarios a quienes se les pagó solo el 25% de la renta que se les debía. Una propuesta similar presentada a principios de este año no fue aprobada por la asamblea estatal.
Traducido por Crystal Niebla.